En mayo de 1962 fue abandonado por su tripulación, luego de haber encallado cerca de Tutoia (Estado de Maranhao). Iba cargado con 2.000 toneladas de azúcar. No hubo desgracias personales. Posteriormente, en "La Razón", Buenos Aires, 5..4.63, apareció una nota titulada "Denunciaron ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones circunstancias sospechosas relacionadas con el hundimiento del carguero Sud. Lo compraron en 7.4 millones de pesos y lo aseguraron en 45 millones". Efectivamente, se había radicado una denuncia en la mencionada Fiscalía "por si se hubiera lesionado el patrimonio nacional". El barco, de propiedad de Antares S. A. Marítima de Navegación, traficaba entre puerto argentinos y brasileños, cuando el 19 de «ayo de 1962,navegando entre Recife y Manaus, encalló en Sao Luiz do Maranhao (Brasil). La tripulación lo abandonó, excepto el capitán y el primer oficial. Antares había comprado el Sud en 7,4 millones de pesos moneda nacional en julio de 1959, y en diciembre de ese mismo año se constituyó un seguro por 20 millones de pesos en Aconcagua, Compañía Sudamericana de Seguros.

Posteriormente, se contrató con la misma compañía un segundo seguro por 26 millones, y más tarde un tercero por 45 millones, todos en la misma compañía aseguradora. En abril de 1962, un mes antes del accidente, se concertó un cuarto seguro en la misma compañía por 45 millones de pesos. Producida la pérdida del barco, Antares percibió, al mes del percance, un primer importe por 25,5 millones de pesos. Esto fue el 4 de junio de 1962. El 10 de julio percibió el resto hasta completar los 45 millones. Hacía ver el denunciante que "a través de esta simple mención de fechas, es dable advertir dos circunstancias extrañas: la primera de ellas es la forma en que se fue sucesivamente incrementando el importe del seguro, y la segunda -fundamental- la celeridad con que la compañía aseguradora dobló el importe del seguro, prácticamente antes de transcurrir dos meses del hundimiento". Agregaba que no había constancia de que se hubiera dado intervención a la Prefectura, ni se citó a declarar a los tripulantes, ni se conoció intervención alguna de la autoridad argentina, por lo que "bien podría haberse cometido un acto doloso que, en definitiva, redundaría en perjuicio del patrimonio nacional, desde que el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) sería quien, a la postre, resultaría perjudicado con la entrega de los 45 millones de pesos del seguro pagado". Por entonces, Antares estaba virtualmente en quiebra, y la tripulación del Sud no había cobrado sus sueldos atrasados. La Fiscalía pidió todos los antecedentes del caso al INDER.